Profesionales de la información ¿trabajo ilegítimo?

12d professionals-200-amcPor M. Javiera Aguirre Romero
Periodista, doctoranda en Ética i Política
Dinamarca, diciembre 2008
Foto: AMC

Cuando pensamos en una buena manera de tomar decisiones sociales, solemos recurrir a la imagen de la democracia griega. Antiguamente, en el ágora de Atenas se reunían todos los ciudadanos para dialogar. Allí, cada cual participaba dando su opinión o escuchando la de los otros y cuando las decisiones eran relevantes se votaba a viva voz. La imagen resulta tan ideal como utópica en nuestros días, por ello la democracia actual ha intentado crear una versión más factible de este ideal en la actualidad: elegimos a aquellos que se reunirán para debatir sobre los temas de todos. Sin embargo, el ágora de hoy no sólo es el parlamento, sino también los medios de comunicación.

Se suele hablar de la “sociedad de la información”, de la “era de las comunicaciones”, del “cuarto poder”, o simplemente de la importancia de la información para las sociedades del siglo XXI; Sin embargo, en ocasiones el trabajo de los profesionales de la información es duramente criticado. En un contexto en que nadie niega la importancia de la información pero cuya difusión por parte de los medios de comunicación es cuestionada, nos preguntamos sobre la legitimidad del trabajo de los profesionales de la información.

La pregunta parece válida por dos razones. Por una parte, porque pareciera que se ha producido un olvido respecto a la finalidad de la actividad de dichos profesionales: la de satisfacer el derecho humano a estar informado. Por otra, porque intuimos un conflicto entre el nivel pragmático del ejercicio profesional y el normativo que conducen a una aparente deslegitimación, cuando en realidad lo que hay es una mala praxis. Por tanto, parece que no hay deslegitimidad en el origen y fin de la actividad, sino más bien una falta de excelencia profesional.

¿Cuál es el origen de esta mala praxis? Existen varias posibles razones, como la mala formación de los profesionales o la falta de profesionalidad, pero existe una que nos merece especial atención: el hecho de que los medios de comunicación tengan una “doble militancia”. Mientras, por una parte intentan satisfacer el derecho humano a la información; por otro, deben funcionar como una empresa; es decir, generar recursos económicos para subsistir. Lamentablemente, en ocasiones estas prioridades se invierten, haciendo que los medios funcionen como cualquier empresa lucrativa, y dejen en segundo plano el derecho humano que les dio origen y que legitima su labor. Por esto cabe también exigir a la empresa- medio de comunicación que brinde todos los respaldos necesarios para que los profesionales de la información puedan realizar su tarea con independencia y excelencia.

Se hace necesario recordar y exigir a la empresa-medio de comunicación un compromiso moral en atención a sus dos “clientes”: ciudadanos necesitados de información y empresas que financian a cambio de sus anuncios. No puede la empresa ni el profesional ignorar que la publicidad financia un proyecto que se origina en la vida en sociedad. Por ello es que no podemos olvidar tampoco la tarea que les cabe a los ciudadanos, los que también tienen responsabilidad y un compromiso con el proyecto ético de democracia participativa.

Los ciudadanos no tienen menos tareas pendientes que los profesionales de la información: deben exigir información de calidad porque han delegado sólo dos facultades de su derecho –la de buscar información y la de transmitirla-, mientras conservan el recibir información, que no es inactivo. Por el contrario, se requiere una audiencia interactiva, lo que significa participación crítica.

Decimos que no hay deslegitimación en el ejercicio de los profesionales de la información porque la finalidad de la actividad (la satisfacción del derecho a la información) sigue siendo vigente y necesaria. Pero sí podríamos hablar de deslegitimidad si centramos la atención en el doble discurso y en la discrepancia entre la teoría y la práctica: en cómo se realizan las tareas concretas de la actividad, en la excelencia de la misma. En último término, la legitimidad de cualquier profesión pasa por un determinado concepto de ciudadano para un determinado proyecto de sociedad a construir con la participación de aquellos. De ahí la urgencia de definir el tipo de ciudadanía y, sobre todo, en lo que respecta a los intereses de este trabajo, su relación con los medios de comunicación.

La crisis que parecía presentar la legitimidad del ejercicio profesional evidencia que las relaciones que se dan entre los protagonistas de la entrega de información están en conflicto –entre los profesionales, la empresa-medio y la ciudadanía-, además de que hay un cuestionamiento profundo respecto de la calidad de la información que entregan los medios.

Saber que la tarea de los medios no está caduca ni es ilegítima es el primer paso; ahora resta que desde los propios profesionales –asociaciones gremiales, agrupaciones y facultades de comunicación- las empresas-medios y la ciudadanía asuman las tareas pendientes para que se reestablezca el diálogo y así los medios vuelvan a ser efectivamente como el ágora griega en que se inspiran.

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