Responsabilidad de cada ciudadano

Por: Ramon Santacana
Profesor universitario y pintor
Barcelona, marzo del 2017
Foto: Liz Aleman

En algunos países europeos están sonando las alarmas avisando que el actual sistema de pensiones y, en general, el del bienestar social, no se podrá sostener durante mucho tiempo. Algún tipo de reforma habrá que hacer. No es de extrañar que ya se lleve tiempo investigando posibles fórmulas para solucionar esta situación. Hay que ser conscientes que todo cambio importante en la forma de distribución de la riqueza o de las prestaciones sociales, sobretodo si repercute en recortes o en una merma de renta, generará tensiones, pero también debemos afrontar que el coste de la inacción puede conducir a situaciones de mayor gravedad.

Una de las propuestas de reorganización que se están barajando y que atrae más la atención es garantizar prestaciones por medio de una cuenta personal para cada ciudadano. En este sistema no se garantizan todas las prestaciones a todos los que las soliciten sino que se garantiza una dotación en prestaciones a cada persona y esta es la que decide cómo va a emplear su cantidad o dotación. Cada ciudadano tendrá asignada una cantidad anual y este decidirá qué parte quiere emplear en ayudas para educación, para sanidad, para cubrir el desempleo, colocarlo en un fondo de pensiones para el retiro, en ayudas para reciclaje laboral o para maternidad, etc.

El principal objetivo que se persigue con esta propuesta es el ahorro presupuestario. Al eliminar la acumulación de prestaciones diferentes en la misma persona, el resultado será un menor gasto presupuestario. Sin embargo sus defensores aducen que habrá otras ventajas. La primera será una mayor equidad, ya que se evitará la acaparación de prestaciones de unos individuos en perjuicio de otros. Por otro lado, el Estado sabrá por adelantado el costo total en prestaciones a que deberá hacer frente cada año y podrá prever con más exactitud los fondos que necesite. La tercera es que la asignación de partidas presupuestarias en diferentes tipos de prestaciones se despolitizará. Los ciudadanos, en vez de los gobiernos, serán los que decidirán el monto de cada partida. El gobierno, al elaborar presupuestos, no tomará decisiones según sus propias inclinaciones ideológicas sino que deberá recorrer a las predicciones estadísticas sobre las decisiones de los ciudadanos.

El último factor, y quizás no menos importante, será el hecho que cada ciudadano será responsable de gestionar lo que va a recibir del Estado y de tomar sus propias decisiones al respecto. Por ejemplo, las personas que decidan emplear más en educación que en pensiones, deberán, a lo largo de su vida, esforzarse más por rentabilizar la educación recibida y lograr rentas que cubran sus pensiones futuras. Las personas que, en cambio, dediquen más porcentaje a pensiones, tendrán menos prestaciones disponibles para utilizar en el presente, pero tendrán un futuro más seguro. Este último aspecto de participación, dicen, respetará más la libertad de los ciudadanos en lo relacionado a las prestaciones que recibirán del Estado y puede promover una mayor responsabilidad en lo que se refiere a la relación entre el ciudadano y la administración.

Evidentemente, la adopción de un cambio de manera de operar de esta envergadura necesitaría de un largo periodo transicional ya que no es lo mismo una persona que se integra en este sistema en su época de estudiante, otra que tenga ya iniciada su vida profesional o personas en edad de retiro. No pocas excepciones habrá que hacer para no perjudicar a grupos en circunstancias especiales, como pueden ser enfermos crónicos, situaciones familiares complejas, incapacidades laborales, etc.

Esta propuesta podría confundirse con la de renta básica que incluyen algunos partidos de izquierda en sus progaramas electorales. Sin embargo la «Cuenta Ciudadano» difiere de la renta básica tanto en su concepto como en su operativa. La renta básica trata de solucionar el problema de la pobreza y la desigualdad, para ello propone la entrega de asignaciones monetarias que cada ciudadano puede decidir cómo va a gastar.

La «Cuenta Ciudadano» en cambio, trata de solucionar la insostenibilidad de las cuentas públicas, especialmente las relacionadas con prestaciones sociales. Por lo tanto, no se trata de repartir asignaciones monetarias sino de cómo asignar unas prestaciones sociales que de hecho ya se están realizando. Persigue un reparto de prestaciones que sea sostenible con las cuentas del Estado. Si además se pudiera lograr que esta reasignación redunde en una mayor equidad, parece que un segundo efecto, el de conseguir mayor justicia social, podría validar esta propuesta.

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